Son muchas las denuncias que de tiempo atrás vienen preocupando a muchos colombianos en el sentido de que el poder judicial de ese país cayó, de manera sistemática, incontestable y contundente, en manos de peligrosos sectores de izquierda que quieren hacer uso del sistema para obtener lo que no lograron ni en el terreno democrático, ni mucho menos en el conflicto armado, pero que en mala hora el gobierno bien ido les entregó de manera vergonzosa. Hemos escuchado mil veces la consigna, es necesario emplear todas las formas de lucha y la historia reciente de Colombia esta plagada de ejemplos de cómo las organizaciones al margen de la ley, llámense guerrilleros o paramilitares, ambas irremediablemente contaminadas de narcotráfico, han empleado todos los mecanismos a su alcance, violencia, corrupción, intimidación, y engaños, para torcer el camino democrático y hacerse al poder a como dé lugar.
Por más de seis décadas, guerrilleros armados pertenecientes a distintos grupos, han adelantado una lucha fratricida con la única intención de llegar al poder. Contaron con el apoyo de organizaciones políticas de izquierda que, mientras sus compañeros empuñan las armas y se adentran en el monte, estos se quedan en las ciudades para promover sus ideas y tratar de obtener el apoyo popular en los procesos electorales. Por más que han intentado acomodar a su antojo la voluntad popular, la indeclinable vocación democrática del pueblo colombiano ha impedido que se salgan con la suya. Han fracasado rotundamente con los votos, pero derramaron una larga estela con la sangre de incontables inocentes tanto en el campo como en las ciudades.
Sin embargo, y mientras los colombianos creíamos que habíamos conseguido mantenerlos a raya, venciéndolos electoralmente, la izquierda lograba adueñarse del poder judicial para manejarlo a su antojo. Es así que lograron involucrar a cientos de políticos con la actividad paramilitar, sin que prácticamente ninguno haya sido vinculado con la influencia que la narcoguerrilla de las FARC ha ejercido evidentemente en los procesos electorales dentro de sus áreas de influencia. Abusando de su poder, la justicia colombiana se ensañó contra funcionarios del gobierno de Uribe, y hasta con el mismo expresidente, como nunca antes se había visto, convirtiendo los estrados judiciales en escenario de un aparato de venganza, concebido y planeado para cobrar represalias contra la administración que más avanzó en la lucha contra la guerrilla en Colombia.
Un caso singular en que quedó en evidencia la militancia política de izquierda en el poder judicial colombiano fue el del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, acusado de violaciones de los derechos humanos por la desaparición de varios ciudadanos durante la recuperación por parte de las Fuerzas Armadas del Palacio de Justicia de Bogotá, que se habían tomado a sangre y fuego guerrilleros del M-19, a órdenes de los carteles de la cocaína, justo el 6 de noviembre de 1985, día en que la Sala Constitucional del alto tribunal fallaría positivamente la ley de extradición en Colombia. La verdad de a puño, es que a Plazas Vega no le cobraron tanto lo del Palacio de Justicia como su impresionante desempeño como Director Nacional de Estupefacientes durante el gobierno del Presidente Alvaro Uribe, donde consiguió ganar los procesos de extinción de dominio sobre bienes de los más importantes capos del narcotráfico, desde Pablo Escobar hasta Víctor Patiño, pasando por los de personajes tristemente célebres como Rasguño y Jabón.
